La Sala Constitucional de El Salvador sorprendió a todos al declarar inconstitucional la Ley de Amnistía que concedía la amnistía por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra civil entre 1980 y 1992. English
Cuatro de los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaran inconstitucional la ley de 1993 por ser «contraria al derecho de acceso a la justicia, a la protección judicial o a la protección de los derechos fundamentales».
También argumentan que la ley de amnistía viola el «derecho de las víctimas a la plena indemnización por los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que constituyen violaciones graves del derecho internacional humanitario».
La Cámara está anulando la ley porque viola dos artículos de la Constitución salvadoreña que están vinculados a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Protocolo II de 1977 adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados no internacionales. Para Belarmino Jaime, el juez que votó en minoría, la amnistía fue el precio que se pagó para poner fin al conflicto armado.
El veredicto de sus colegas, dice, reabre 32 casos, incluidos en el informe de la Comisión de la Verdad, para su enjuiciamiento, lo que entra en conflicto con los principios de legalidad, no retroactividad de las leyes, seguridad jurídica y prohibición de la doble incriminación. Jaime considera que los cuatro jueces están excediendo los límites de competencia que la Constitución otorga a la Sala, lo que está claro es que el fallo de la Sala Constitucional rompió la barrera del silencio. La controversia se está volviendo cada vez más espesa y rápida.
El informe de la Comisión de la Verdad «De la locura a la esperanza: La guerra de los doce años en El Salvador» fue publicado el 15 de marzo de 1993, 26 meses después de la firma de los Acuerdos de Chapultepec. El informe indica que más de 75.000 personas fueron torturadas, ejecutadas extrajudicialmente o desaparecidas durante la guerra. Agentes del Estado, grupos paramilitares y escuadrones de la muerte son responsables del 90% de los crímenes y el 3,3% se atribuye a guerrilleros y otras personas armadas no identificadas.
Con la intención de entender la letra y el espíritu del informe de la Comisión de la Verdad, hablamos con uno de los tres comisionados asignados de las Naciones Unidas, el ex Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Reinaldo Figueredo Planchart.
